MEXICO - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el jueves 16 de diciembre prácticamente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

En un comunicado, la Comisión urgió al Estado mexicano a investigar el asesinato de Escobedo Ortiz para llevar ante la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

También pidió todas las medidas a su alcance para ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del asesinato en 2008 de la hija de la activista, Rubí Marisol Frayre, de 16 años y cuya pareja Sergio Rafael Barraza, habría confesado la autoría del crimen.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Ello, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se subraya en el texto fechado en Washington, D.C.

Investigación exhaustiva

La CIDH pidió una investigación exhaustiva para llevar a los criminales ante la justicia.

La activista fue asesinada el jueves pasado frente a las puertas del Palacio de Gobierno del norteño estado mexicano de Chihuahua, en la ciudad capital del mismo nombre, y aunque un video de seguridad captó el momento del ataque no se han realizado detenciones.

La mujer fue asesinada cuando se aprestaba a reasumir la protesta que mantenía ahí por el asesinato de su hija.

Una corte estatal en Chihuahua absolvió a Barraza del crimen al argumentar falta de pruebas, pero un tribunal de segunda instancia revirtió el fallo y lo condenó a 50 años de cárcel, aunque para entonces estaba prófugo.

Además castigar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, la CIDH llamó a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada contra Barraza.

Asesino de su hija absuelto

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que Barraza Bocanegra fue absuelto en primera instancia y puesto en libertad; un mes después fue condenado a 50 años de cárcel por un tribunal de segunda instancia, sin embargo permanece prófugo.

Indicó que pese a las amenazas recibidas, Marisela Escobedo luchó para que el asesinato de su hija no quedara en la impunidad.

En su informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (2007), la CIDH señaló que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando su repetición y la aceptación social de este fenómeno.

En ese marco, recomendó a los Estados garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de investigación, que sus responsables sean sancionados y que las víctimas tengan adecuada protección judicial.

La adopción de medidas legales y de otra índole para evitar hechos similares al de Escobedo Ortiz incluye la necesidad de implementar una política integral y coordinada para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean prevenidos, puntualizó la CIDH.

Represalías contra familiares de activista

El pasado fin de semana fue incendiado el negocio del viudo de Escobedo Ortiz por un grupo de desconocidos que roció gasolina y prendió fuego.

El comando además 'levantó' a Manuel Monge, cuñado de la activista asesinada y se dieron a la fuga.

Dos días después apareció el cadáver de Monge en las calles de la violenta Ciudad Juárez. Los familiares de la víctima exigieron a las autoridades dar con los responsables del asesinato.