Un grupo de manifestantes retuvo a dos policías por unas diez horas en una casa en la ciudad de San Cristóbal, ubicada en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, para forzarlos a pedir la libertad de opositores detenidos, informó el ómbudsman, Tarek William Saab.

Los agentes de la Policía Nacional fueron rodeados y retenidos en una vivienda en Barrio Sucre durante una protesta y, tras “la mediación de la Defensoría del Pueblo”, fueron dejados libres en la noche del viernes pasado, informó Saab en Twitter.

Los uniformados fueron obligados a pedir en videos difundidos por redes sociales la libertad de Omar Marino, un joven opositor encarcelado, y “todos los presos políticos”.

En los videos, que viralizaron en la red, se les veía sosteniendo carteles con mensajes por la “libertad” de políticos, activistas y manifestantes encarcelados.

    Diga, diga: quiero la libertad de Omar y todos los presos políticos. ¡Dígalo duro!”, les ordenan personas que no aparecen en cuadro.

    Estoy pidiendo la libertad de Omar y todos los presos políticos”, repite uno de los agentes.

    Quiero la libertad de Omar y todos los presos políticos”, reitera el otro.

Según Saab, finalmente, “no hubo ningún canje entre policías rodeados por manifestantes en (la) referida vivienda y Omar Marino”.

Los dispersan Caravanas de automóviles, motos, bicicletas realizaron ayer una nueva jornada de protestas en Venezuela, en contra el presidente Nicolás Maduro, que una vez más terminó entre bombas lacrimógenas.

Cuerpos de seguridad dispersaron con gases las filas de vehículos en la capital y Valencia, evitando que los opositores llegaran a los puntos de destino previstos.

Militares en motocicletas bloquearon con ráfagas de gases lacrimógenos al grupo de Caracas en la autopista Francisco Fajardo, donde avanzaba con la meta de cubrir unos 25 kilómetros hacia el estado Vargas, ubicado en la costa.

Los críticos de Maduro cumplen seis semanas de manifestaciones que exigen elecciones generales y rechazan una Asamblea Constituyente “popular” convocada por el gobernante socialista, lo que consideran una maniobra para evitar comicios.

Las movilizaciones han degenerado en hechos violentos que dejan 38 muertos, y cientos de heridos y detenidos, por los que se responsabilizan mutuamente gobierno y oposición.